Norma que suspende desalojos a indígenas se aplica por primera vez en Río Negro

Por Adrián Moyano 

Un fallo de un tribunal de Bariloche favorece a la comunidad Pedraza-Melivillo, del paraje Carrilaufken Grande. Es la primera sentencia que invoca la Ley Nacional de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena. El Consejo Asesor Indígena valoró la decisión.

 

            El Consejo Asesor Indígena (CAI) consideró que un reciente fallo de la Justicia de Río Negro abre nuevas perspectivas ante las demandas que formulan las comunidades mapuches de la provincia cuando reivindican diversos espacios territoriales. La decisión judicial fue la primera en invocar la Ley Nacional de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena, que se sancionó en los últimos meses del año pasado. En virtud de sus artículos, un tribunal de Bariloche ordenó a la Dirección General de Tierras y Colonias suspender el  desalojo que ordenara contra la comunidad mapuche Pedraza-Melivillo, del paraje Carrilaufken Grande.

            “Chacho” Liempe, integrante de la coordinación política del CAI, puso de relieve la nueva coyuntura. “Este conflicto tiene en su base lo que siempre ha sucedido con las fracciones de territorio que ha ocupado la gente nuestra después de terminada la campaña militar. Instalados ya los Estados, hubo una forma de dejar que la gente esté en los campos y una política de tierras, de no darle nunca seguridad. O sea que por muchos años, anduvo la gente nuestra buscando algún tipo de seguridad legal en los campos donde el Estado había dado permiso precario de ocupación”.

            Esa es una característica común en la abrumadora mayoría de los conflictos que tienen como protagonistas involuntarias a comunidades mapuches en el ámbito de Río Negro. Pero hay elementos más recientes. “Ante la necesidad que tiene el gobierno, según dice abiertamente, de recaudar fondos, pasan a entregar títulos de propiedad, pero no reconociendo los nuevos derechos que tenemos como pueblo mapuche. Eso ha llevado a través de tantos años a situaciones de despojo y de estafa bajo distintas formas”, historió Liempe.

            A las familias Pedraza-Melivillo le tocó en suerte vivir una circunstancia desagradable. “Ante la situación difícil que se vive en el campo, esta familia tuvo que salir por problemas de salud y de edad hacia Bariloche. Cuando volvió después de varios años, el campo había sido vendido por parte de un pariente. Después se vendió otra vez a un marino que es de Bahía Blanca. Ahora, Doña Juana y su familia hace tiempo que están instalados ahí, pero la Dirección de Tierras mandó una orden de desalojo. Ahí se inició el conflicto. Nosotros salimos a apoyar y si bien se había avanzado en la lucha judicial, después el Superior Tribunal de Justicia dictó un fallo contrario. Hasta que llegó esta instancia: aprobada esta ley, nosotros recurrimos a ella y se aplica por primera vez. Entonces, se suspende el desalojo por tres años y el gobierno tiene la obligación y responsabilidad de regularizar la situación”, celebró el referente mapuche.

 

Las cosas por su nombre

 

            El fallo lleva la firma de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Carlos de Bariloche y es particularmente relevante. “Por empezar, con este mismo hecho se le reconoce el derecho que tiene la comunidad como preexistente al Estado, al ser parte de todo el pueblo mapuche. Por otro lado, hay una cosa muy importante: deja clara la inconstitucionalidad o la ilegalidad por parte de la provincia de Río Negro, de insistir con la aplicación de la Ley de Tierras 279, cuando se trata de gente perteneciente a los pueblos originarios. Son dos o tres puntos muy importantes y también abre otra posibilidad, porque la Ley 2.287 Integral del Indígena, más allá de que algunos peñi (hermanos) la critican, tiene algunos puntos que permiten utilizarla. Por ejemplo, la investigación de los casos de robos y usurpaciones por parte de terceros, de gente que se ha ido convirtiendo en verdaderos terratenientes y también, por parte del mismo Estado, como ocurre en los últimos tiempos”.

            La decisión del tribunal también puso en segundo plano la cuestión de la personería jurídica. “Esa era una discusión inclusive dentro del plano legal, que quedó esclarecida con un fallo de un juez de Bariloche. Tuvo relevancia nacional e internacional e inclusive el gobierno lo puso como ejemplo en el caso de la comunidad Kom Kiñe Mu, cuando se la reconoció como parte de un pueblo originario preexistente. Lo que pasa con la personería jurídica es que según manifiesta el juez, es un derecho, no una obligación de las comunidades, porque el reconocimiento está establecido por la Constitución Nacional. Entonces, la ley esta (la de Emergencia) se aplica, tengan las comunidades personería jurídica o no. Ese es un punto en el que algunas instituciones del Estado insisten, pero más que nada con el ánimo de atomizar la lucha de nuestro pueblo. Al no conocer, nuestra gente, busca la personería jurídica. También están los que la utilizan, no tanto para reafirmar la lucha por el territorio, sino porque quieren proyectos, becas y sueldos con que beneficiarse”, ironizó el hombre del CAI.

            En definitiva, la puesta en práctica de Ley Nacional de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena “abre una situación nueva. A esa ley nosotros la cuestionamos desde el principio porque fue inconsulta. El Convenio 169 de la OIT dice que cualquier acción que se haga que afecte los intereses de los pueblos originarios tiene que ser consultada, pero esta ley salió de un día para otro. Bueno, ahora está y nosotros la vamos a utilizar... Por eso abre una situación nueva para todos los conflictos que tenemos y una posibilidad para todos aquellos peñi, se encuentren donde se encuentren, de pelear por lo que realmente nos pertenece. Ahora depende de nosotros”.

            Entonces, 2007 arranca con un horizonte distinto para el CAI y para las comunidades que se expresan a través de esa organización “de base del pueblo mapuche”. Liempe explicó que “hemos estado durante algunos años por decisión política propia, saliendo a los medios sólo en casos como este. Pero este año tal vez salgamos más a la opinión pública porque estamos frente a un punto clave o muy importante ante el Estado. Por parte del gobierno, nosotros no hemos visto nunca voluntad política de reconocer nuestros derechos como pueblo. Eso ha llegado a instancias límites: si bien en el plano judicial se ha avanzado, se llegó a un punto donde el gobierno tiene que tomar la decisión política de entregar nuestros territorios. Pero se resiste. Entonces, veremos qué otras formas buscamos para lograr lo que legítimamente nos pertenece. El reconocimiento legal ya está, ahora hay que buscar que se aplique”.